Sota, Caballo y Rey

La idea de crear una comisión que revise los perfiles de candidatos que los partidos pretendan postular parte de un diagnóstico correcto: la ciudadanía ya no confía en que los partidos se autorregulen. Este tipo de filtros previos suena a un buen avance. Pero tal como se propone, con recomendaciones opcionales y sin consecuencias, apenas alcanzaría el calificativo de simulación y muy costosa.

Con buena fe no se limpian las elecciones. Se limpian con reglas que duelan cuando se corrompen.

Una comisión que solo “sugiere” termina siendo el mejor escenario para un partido cínico: si el dictamen le favorece, lo presume como sello de calidad. Si le estorba, lo ignora sin pagar costo alguno. El resultado es legitimar lo mismo de siempre, pero ahora con un trámite burocrático adicional. 

Si de verdad queremos que sirva, la comisión necesita dientes. Y esos dientes deben morder donde más les duele a los partidos: el registro y el dinero.

No todos los riesgos son iguales, y la sanción tampoco debería serlo.

Si una persona que desean postular resulta con Vínculos con la delincuencia organizada, sentencias por corrupción, violencia sexual, uso de recursos ilícitos. Si la comisión acredita riesgo grave y el partido lo postula de todos modos, la comisión debería cancelar esa candidatura en automático.

Si el partido reincide dos veces en un mismo proceso electoral, debería perder su registro nacional. No hay democracia que aguante partidos que funcionan como franquicias del crimen. 

Para que esto no se vuelva garrote político, la comisión necesita blindaje: que sea integrada por ciudadanos, con perfiles técnicos y académicos y sin militancia partidista reciente. 

Que hagan públicos los criterios a seguir por los partidos para elegir a sus candidatos. Que los análisis y sus dictámenes se den a conocer tres días antes del registro.

Los partidos van a argumentar que se “limitan sus derechos políticos”. Falso. Lo que se limita es la posibilidad de postular delincuentes con financiamiento público. El derecho a ser votado no es absoluto: la ley impide candidaturas con sentencia firme. Esto solo adelanta el filtro a la etapa donde todavía se puede evitar el daño. 

Esperar a que un alcalde ligado al narco llegue al poder para luego desaforarlo es suicida. Cuesta vidas, cuesta dinero, cuesta instituciones. 

La política mexicana lleva 30 años administrando escándalos en lugar de prevenirlos. Una comisión de buena fe, sin sanciones, será otro capítulo de esa novela. Si van a crearla, que sirva. Y si no hay disposición de castigar a los partidos que postulen impresentables, mejor ni gastemos en la comisión. Nos ahorramos el teatro y al menos no insultamos la inteligencia del votante.

De buenas intenciones están llenos los panteones.