Sota, Caballo y Rey

Laissez-faire, laissez-passer, decían los fisiócratas franceses del siglo XVIII, precursores del liberalismo económico, para pedir que el Estado no estorbara al mercado. 

En México también lo aplicamos, pero al revés: dejamos hacer y dejamos pasar no a la libre empresa, sino a la corrupción. Y de tanto dejarla hacer y dejarla pasar, terminó por administrarnos a nosotros.

No hubo un día en que la mordida se convirtiera en saqueo institucional. Fue una migración lenta, geológica, de la esquina al erario.

I. La esquina como mercancía

Empecemos por lo pequeño, porque ahí está la clave de todo lo grande. El agente de tránsito que le cobra doscientos pesos al automovilista no es, como se cree, un ladrón suelto operando por su cuenta, sino la última pieza visible de una cadena de franquicias.

La esquina tiene un precio: un cruce cercano a una zona de bares, una salida de carretera, una avenida de carga pesada, todo produce según su tráfico, y esa producción se cotiza. 

La motocicleta o la patrulla que se asigna a un agente no es una herramienta de trabajo: es una concesión que se paga con una cuota diaria al mando, un anticipo o un pago a la salida del turno sobre las mordidas que se cobrarán durante el día. El comandante, a su vez, rinde cuentas hacia arriba y sube su tajada como cualquier franquiciante cobra regalías.

Por eso remover al agente corrupto de la esquina nunca resuelve nada: la esquina sigue teniendo valor de mercado, y el puesto vacante se subasta al que sigue en la fila. El problema nunca ha sido la persona, sino que convertimos el espacio público en inventario.

II. El sistema que organizó el desorden

El PRI no inventó la mordida, pero hizo algo más sofisticado: la volvió una arquitectura del Estado. Bajo el presidencialismo, la corrupción dejó de ser una fuga del sistema para convertirse en su lubricante oficial. Gobernadores, secretarios, líderes sindicales: todos sabían que podían desviar, cobrar y heredar posiciones como quien hereda una hacienda, siempre y cuando respetaran una sola regla no escrita: la lealtad al centro.

Con ese precedente se incubó el mecanismo más perverso de todos: la justicia selectiva, porque el sistema no castigaba al corrupto, sino al desleal. Cada funcionario tenía, sin saberlo, un expediente en suspenso que se activaba solo cuando convenía al presidente en turno. Los casos de Carlos Jonguitud Barrios y de Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", no fueron por ladrones: cayeron porque se convirtieron en un estorbo. La corrupción que los derrumbó ya existía desde hacía años y era perfectamente conocida por sus superiores.

A veces el escándalo de la burla no fue el castigo: fue la cortina de humo. Rubén Figueroa Alcocer, gobernador de Guerrero, no cayó en 1996 por la masacre de Aguas Blancas en sí —donde policías estatales asesinaron a 17 campesinos en 1995—, sino hasta que se filtró el video completo que desmentía su versión oficial y exponía que él mismo había manipulado las pruebas para culpar a las víctimas. El escándalo por "burlarse" de los muertos fue, en realidad, la causa para sacarlo del camino sin tocar el fondo del asunto: quién ordenó disparar?

Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, protagonizó en 2020 una conferencia de 23 minutos insultando diez veces al alcalde de Tijuana —"le van a vender un chango a Tarzán", entre otras perlas, mientras se discutía un decomiso presuntamente vendido por su secretario de Seguridad para financiar una campaña. El pleito de egos ocupó los titulares; el decomiso desaparecido, no.

Rosario Robles pagó con años de prisión preventiva un delito —el desvío de recursos en la "Estafa Maestra"— cometido por decenas de funcionarios que nunca pisaron una celda; su caso, más que justicia, se leyó como venganza: era la funcionaria visible de dos sexenios a quien el nuevo gobierno le guardaba rencor y necesitaba exhibir como ejemplo.

Ángel Aguirre Rivero renunció como gobernador de Guerrero en 2014 no por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en sí, sino cuando la presión social lo volvió insostenible, sin que jamás se investigara a la cadena de mando militar y federal presente esa noche en Iguala. Doce años después, su detención es útil y reabre el caso justo cuando conviene señalar una cara visible.

Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia del país, detenido en julio de 2026 y encarcelado en el Altiplano por una red de huachicol fiscal que la FGR le atribuye unos cuatro mil millones de pesos —una fracción de centavos frente a los más de 600 mil millones que el propio gobierno reconoce como el boquete nacional del SAT con el huachicol fiscal. Que a estas alturas termine señalado como pieza clave de una red que requeriría control sobre aduanas, Guardia Nacional, Marina y Ejército raya en lo inverosímil. Su defensa lo dijo sin rodeos. Y es que la fiscalía nunca ha sido un árbitro neutral en este país: dice lo que al gobierno en turno le conviene que se diga, mientras el boquete real sigue sin un solo responsable de alto nivel tras las rejas.

Ese es el genio siniestro del sistema: si todos están expuestos, todos tienen un incentivo para no salirse de la línea. La ley se volvió un arma guardada en el cajón del presidente en turno, no un principio aplicable a todos por igual. Y cuando no bastaba con el expediente, bastaba con el ridículo: la vergüenza pública distrae mejor que cualquier fiscalía.

III. Cuando el mercado cambió de comprador

Durante décadas, ese aparato funcionó como un mercado cerrado: el Estado vendía impunidad y los funcionarios la compraban con lealtad. Pero a partir de los ochenta y noventa apareció un comprador con más dinero que cualquier partido político o presidente: el crimen organizado. El narco no trajo un vicio nuevo a México, solo pagó mejor por un cáncer que ya existía. Donde antes se compraba el silencio de un policía de tránsito por doscientos pesos, ahora se compra el silencio de una corporación entera por millones. Donde antes se vendía una esquina, ahora se vende una plaza completa —en el sentido territorial y criminal de la palabra—: rutas, puertos, fronteras, alcaldías.

Y en algún punto, criminales, empresarios y gobernantes dejaron de ser categorías distintas. El funcionario que antes cobraba comisión por dejar pasar unos kilos, ahora cobra millones por un cargamento. El empresario que antes sobornaba para ganar un contrato, ahora paga porcentaje o financia campañas para asegurar contratos. La frontera entre el poder político, el poder económico y el poder criminal —tan nítida en el discurso oficial— se disolvió hace mucho en la práctica.

IV. El mismo dicho, con otro idioma

Laissez-faire, laissez-passer. Dejar hacer, dejar pasar. Ese mismo principio que en Francia sirvió para liberar al mercado del Estado, en México sirvió para liberar al Estado de consecuencias. Primero dejamos hacer y dejamos pasar al agente en la esquina; luego, al gobernador con su presupuesto; después, al empresario con su licitación, con su cargamento, con su desvío, su fraude, su asesinato.

¿Cuándo dejó de ser un policía se convirtió en un cártel? ¿Cuándo dejó de ser un contrato y se convirtió en lavado? ¿Cuándo dejamos de indignarnos porque, total, "así ha sido siempre"?

La mordida de la esquina y el desfalco de la licitación son, al final, la misma operación. Solo cambian los ceros. Y mientras sigamos dejando hacer y dejando pasar, seguiremos siendo, como siempre, sota, caballo y rey, el mismo juego el mismo resultado.