Sota, Caballo y Rey


Lo advertí ayer en la mañana: la detención de César Jáuregui no se quedaría en manos del gobierno estatal. No pasaron ni doce horas. Por la noche, la Fiscalía General de la República anunció su propia orden de aprehensión, y no por ejercicio ilegal del servicio público, sino por algo mucho más grave: traición a la patria en materia de seguridad nacional.

La federación no solo atrajo el caso. Lo redimensionó. Según la fiscal Ernestina Godoy, Jáuregui habría permitido que agentes extranjeros operaran en la sierra sin autorización, y habría informado a Washington lo que le ocultó a la federación. Pero lo más revelador fue otra frase: lo ocurrido, dijo, es un ataque al pacto federal y a la división de poderes. Eso ya no apunta a un fiscal. Apunta a una estructura. ¿Hace falta interpretar a la fiscal Godoy? Creo que no: su declaración deja claro que Jáuregui no será el único.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal ya va por Guillermo Zuany, exfiscal de Operaciones Estratégicas, a quien, desde luego, no van a encontrar por una sencilla razón: hace meses entendió que tenía que irse. Tendrán que pedir su extradición a Estados Unidos.

La pregunta incómoda es hasta qué nivel llegó la decisión. Un operativo con agentes extranjeros difícilmente se autoriza desde el escritorio de un fiscal; en ausencia de la gobernadora, como mínimo se consulta con el secretario de Gobierno, quien pudo haber detenido las acciones… o no. Y si no fue por ahí, la situación se va a poner más grave de lo que suponíamos. Si la investigación sube de rango, es posible que alcance a quienes gozan de fuero. Quede entendido: la cuenta no se cancela, se pospone.

Una especulación que asumo como tal: en esta historia hay un actor que todavía no habla. Dos de los agentes que murieron en El Pinal no eran mexicanos. Si la cascada sigue, no me sorprendería que Washington ejerciera presión política y diplomática en favor de quienes colaboraron con sus agencias. Dejarlos solos tendría un costo para Estados Unidos: nadie más querría cooperar.

Si eso ocurre, el caso dejará de ser un pleito entre el estado y la federación. Será un asunto bilateral. Y en esa mesa, la pirinola la girará alguien más. Tengamos paciencia.

Lo que sí está claro es que las humillaciones de las agencias hacia nuestro gobierno federal se están cobrando en Chihuahua. Frente a Estados Unidos se ven obligados a obedecer y operar; lo de Chihuahua, en cambio, les da la oportunidad de desquitar corajes y, insisto, humillaciones. Pagan justos por pecadores. Difícilmente alguien desmentirá que el grupo de agentes que participó en Chihuahua es el mismo que intervino en la captura del Mencho —quien murió en el traslado— y, todo indica, en el caso del carro que explotó poco después de salir del AIFA. La diferencia es que de aquellos operativos no se supo nada, ni nos lo dijeron. Aquí ocurrió la desgracia del accidente, y ahora quieren desquite.