Sota, Caballo y Rey

Hay asuntos que pegan directo en la línea de flotación de un partido. De los innumerables que hoy flotan en el ambiente, mencionaré solo dos que retratan de cuerpo entero el colapso de la certidumbre jurídica, la seguridad y la diplomacia en México.

El primer asunto nos lleva a una trama de terror, opacidad y contradicciones institucionales. La historia registra que el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar acudió apadrinado por Fernando Farías Laguna a la oficina del secretario de la Marina Rafael Ojeda, tío de Fernando Farías, para denunciar las mafias del huachicol fiscal que operaban en las aduanas marítimas. Acudieron ante la FGR y el fiscal Gertz Manero al recibir la denuncia, designó a la fiscal encargada en Colima para llevar el caso. Sin embargo, después de unos meses, y ante el avance de la fiscal designada, y una nueva entrevista de Guerrero Alcantar con el nuevo secretario de marina, sea por coincidencia o no pero la colusión interna de aquella mafias les cobró con factura de sangre: el contralmirante Guerrero Alcántar y la funcionaria de la fiscalía federal, Magali Janet Nava Ramos, fueron ejecutados brutalmente.

Tras las ejecuciones, la Fiscalía General de la República ahora a cargo de Ernestina Godoy Ramos le dio un vuelco radical al libreto original: Acusaron formalmente a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna (que eran sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán) de ser los verdaderos líderes de la red criminal conocida como “Los Primos” y de ordenar el asesinato de las víctimas.

Manuel Roberto decidió comparecer y ahí mismo fue arrestado y permanece tras las rejas, su hermano decidió huir y pasó un año hasta que fue arrestado en Argentina. Tiempo después el secretario Omar García Harffuch operó en Argentina la entrega de Fernando con la promesa explícita o compromiso institucional ante la autoridad argentina y los agentes de la DEA de garantizar un juicio justo y transparente, con prisión domiciliaria o seguir el proceso en libertad. Pero al pisar suelo mexicano, la promesa o el compromiso fue sepultada (a). Las declaraciones de los dos hermanos y sus expedientes fueron herméticamente sellados bajo la conveniente etiqueta de "seguridad nacional". Ni sus abogados defensores pueden ver las pruebas. ¿Cómo se les defiende a ciegas? ¿Qué verdades incómodas u operadores políticos del régimen se ocultan con tanto recelo que prefieren dejar la palabra de García Harfuch en la ruina absoluta ante agencias internacionales?

El segundo asunto confirma que violar pactos y burlar la justicia es ya un patrón de conducta. Sucedió cuando México le ofreció a los Estados Unidos juzgar en territorio nacional al general Salvador Cienfuegos a cambio de su regreso, aunque se apoyaron en la amenaza de expulsar a la DEA de México. Washington confió en la palabra mexicana y lo devolvió. La respuesta del gobierno mexicano fue un insulto a la cooperación bilateral: al llegar el general lo exoneraron de inmediato y, después, lo han condecorado dos veces.

Dos casos distintos, las mismas cosas: pisotear los acuerdos, sepultar expedientes y enterrar la justicia para volverla selectiva y proteger complicidades de alto nivel.

Solo me atrevo a preguntar: ¿así es como cumple México sus tratos? ¿Qué es lo que tanto le aterra al régimen que prefiere el descrédito mundial antes que la transparencia?

Sin duda, Morena puede salir perjudicado, como movimiento y como origen de nuestros gobernantes.